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Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, acusó este martes al gobierno de Pedro Sánchez de haber bloqueado una reforma de la ley penal para endurecer las penas a multirreincidentes hasta que su partido rompió relaciones con el Ejecutivo en octubre pasado. La afirmación de Nogueras en el programa "En boca de todos" de Cuatro evidencia la presión que Junts ejerce sobre el gobierno central, mientras que en Barcelona el partido negocia reformas municipales con el PSC.
«PSOE, Sumar, el PSC y ERC tenían bloqueada esta ley. En el momento que nos hemos plantado, esto se ha empezado a desencallar», declaró Nogueras. La reforma, cuya ponencia fue aprobada el pasado jueves y que se debate en la Comisión de Justicia el 17 de diciembre, busca incrementar el castigo para delincuentes reincidentes. La portavoz independentista subrayó que el gobierno era «consciente de que existe un problema» y criticó la situación actual: «Este tipo de delincuente, por la misma puerta que entra, sale».
Nogueras defendió que «la política útil es la de plantarse» y exigió al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados para la investidura de Sánchez, que incluyen la amnistía para Carles Puigdemont y el estatus oficial del catalán en Europa. La portavoz también reclamó la transferencia de las competencias en inmigración al gobierno autonómico catalán, argumentando que los gobiernos españoles han «desinvertido» en Cataluña y no han gestionado adecuadamente el bienestar de quienes trabajan y viven en la región.
Nogueras consideró que el control autonómico sobre las competencias migratorias proporcionaría «las herramientas para poder facilitar la vida a la gente». Aunque evitó pronunciarse sobre la deportación de inmigrantes que cometan delitos, enfatizó la importancia de la comprensión del catalán para «entender y vivir Cataluña, su cultura y sus valores».
Colaboración en Barcelona pese a la ruptura nacional
En paralelo a la confrontación en Madrid, Junts y el PSC alcanzaron un acuerdo para modificar la ordenanza de civismo de Barcelona, vigente desde el 1 de enero de 2006. La reforma se aprobará en el pleno del 19 de diciembre, después de que el gobierno del alcalde Jaume Collboni aceptara 11 de las 12 condiciones presentadas por Junts.
Jordi Martí, líder de Junts en el consistorio barcelonés, anunció este martes el voto favorable de su partido y criticó la norma actual: «Es una ordenanza obsoleta y que no se ha hecho cumplir». El político destacó que «en los últimos dos años solo se han cobrado el 16% de las sanciones impuestas» y calificó el Plan Endreça del gobierno municipal como «puro maquillaje».
La reforma pretende abordar problemas como el turismo masivo, la convivencia vecinal, los grafitis, los botellones y la venta ambulante. Entre las medidas aceptadas figuran el seguimiento periódico de la aplicación de la ordenanza, mecanismos para cobrar multas a extranjeros y la obligación de que los grafiteros ayuden a limpiar el daño público además de pagar multas.
La colaboración entre PSC y Junts en Barcelona, que suman 21 concejales y alcanzan la mayoría absoluta, contrasta con el «divorcio» entre PSOE y Junts a nivel nacional. El Ayuntamiento barcelonés ha optado por ignorar las tensiones de Madrid para priorizar las necesidades locales.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
